LaLiga ha puesto en marcha un nuevo plan de incentivos para reforzar la lucha contra la retransmisión ilegal de partidos de fútbol en establecimientos públicos. La iniciativa contempla una gratificación de 50 euros para aquellos usuarios que presenten una denuncia válida y verificada sobre emisiones pirata en bares y casas de apuestas.
El programa busca, por un lado, proteger a los locales que cumplen con la legalidad y pagan por los derechos audiovisuales y, por otro, implicar a la ciudadanía en la defensa del modelo legal de explotación del fútbol profesional. Para ello, LaLiga ha habilitado un sistema de denuncia accesible desde el teléfono móvil y disponible en cualquier momento.
Cómo identificar una emisión ilegal
Según explica la organización, detectar una retransmisión no autorizada es sencillo. Durante los partidos emitidos legalmente en establecimientos, debe aparecer en la esquina de la pantalla una letra “B” (bar) o “A” (casa de apuestas). La ausencia de estas identificaciones indica que la señal podría estar siendo emitida de forma ilegal.
Ante una posible irregularidad, cualquier persona puede acceder a la web laligabares.com/denuncias, completar un formulario y adjuntar imágenes que acrediten la emisión. Desde LaLiga destacan que el proceso es rápido, intuitivo y confidencial.
Una vez recibida la información, los equipos de control analizarán la denuncia y, si se confirma que cumple los criterios establecidos, se activarán las medidas correspondientes y se procederá al pago de la gratificación al denunciante.
Defensa del ecosistema del fútbol
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, subrayó que la piratería audiovisual tiene un impacto directo en todo el sector: «Perjudica al ecosistema del fútbol y, especialmente, a los bares, restaurantes y casas de apuestas que sí cumplen con la legalidad». En este sentido, recalcó la importancia de que los ciudadanos sepan identificar emisiones ilegales y dispongan de un canal seguro para comunicarlo.
Con esta medida, LaLiga refuerza su estrategia contra la piratería, combinando tecnología, control y colaboración ciudadana, y lanza un mensaje claro: la protección de los derechos audiovisuales es una responsabilidad compartida que también merece reconocimiento.
